Sobre Nosotros

Protegiendo la Ley desde 1995

La firma de abogados “DE LA CRUZ & ASOCIADOS” surgió en 1995 entre los esposos Yanilda De La Cruz y José Acosta.

La señora Yanilda De La Cruz acababa de graduarse de la carrera de derecho y el señor José Acosta era licenciado en contabilidad y técnico en computación.

Previamente, ambos habían trabajado en una de las firmas de abogados más importantes en ese momento en el municipio de Sosúa durante 5 años.

Nuestra Práctica



Pago de Honorarios

Las facturas emitidas habrán de pagarse una vez recibidas. Las facturas impagas después de 30 días a partir de la fecha de recepción generarán un cargo por pago atrasado del 2% por mes. La firma se reserva el derecho, con previo aviso, de terminar la relación contractual en caso de falta reiterada de pago.

Conservación de Copia Impresa y Datos Electrónicos

La firma conservará copia impresa y electrónica de la documentación de su caso por un plazo de 10 años a partir de su finalización. Vencido dicho plazo, la firma podrá proceder a la destrucción de la documentación.

Terminación de los Servicios

Usted podrá dar por terminado en cualquier momento nuestra relación contractual dándonos un aviso previo de 30 días y pagándonos los honorarios y costos incurridos, incluso los por tratar con cualquier abogado sucesor y preparar la entrega de los archivos del caso. A su vez, la firma podrá rescindir la relación en cualquier momento, y sin necesidad de alegar causa, sujeto a un aviso de 30 días.



Gastos de los Fondos

La firma podrá solicitarle al momento de la emisión de la primera factura un anticipo de los gastos y costos en que incurrirán en la gestión de su asunto, solicitud que podrá reiterarse tantas veces se agoten los fondos avanzados a ese fin. Queda entendido que los gastos y costos de gestión se incurren en su nombre, de manera que si por cualquier razón nuestra firma decide avanzarlas, usted deberá reembolsarlos en un plazo 15 días a partir de la presentación de la nota correspondiente.



Origen de los Fondos

Para cumplir con la Ley Núm.155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, se le advierte que deberá declarar y reconocer que los fondos que proporcionará para los servicios contratados no son el producto de actividades ilícitas, comprometiéndose a suministrar a la firma, las instituciones bancarias o autoridades gubernamentales pertinentes, cualquier información que se le solicite respecto del origen de dichos fondos, así como sobre su identidad personal y el beneficiario final de la operación.



No Hay Garantía de Resultados o Costos

Toda representación legal está sujeta a factores fuera del control del abogado que pueden afectar tanto el resultado de la gestión como los costos que se incurran. Esta firma se compromete a trabajar de manera diligente a fin de obtener el resultado deseado por el costo previsto, pero no a que obtendrá dicho resultado por dicho costo. En lo referente a las compras de propiedades casi siempre es seguro la obtención del titulo de propiedad. Si nuestra investigación arroja alguna dificultad, le notificaremos para que decida cancelar o proseguir.

Nuestra Filosofía

Comunicación Continua

La firma le informará con prontitud sobre el progreso de los servicios contratados y le consultará sobre cualquier asunto imprevisto que suceda, especialmente si este pudiese resultar en la ampliación del alcance de nuestros servicios o en el aumento de sus costos, en cuyo caso no se tomará ninguna decisión sin su consentimiento.

Confidencialidad

Las comunicaciones con nuestra firma relacionadas con los servicios contratados son confidenciales y salvo excepciones como las previstas en la Ley Num. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Para que este privilegio abogado-cliente sea efectivo, se le recomienda que no discuta ni divulgue a terceros el contenido de nuestro asesoramiento ni de ningún documento relacionado.

Resolución de Conflictos

Los términos de nuestra relación contractual serán interpretados según las leyes dominicanas y, en caso necesario, juzgados por los tribunales competentes de la República Dominicana.